La retaguardia de las FARC lideradas por Iván Mordisco, responsable de delitos como reclutamiento de menores de edad, narcotráfico, extorsión, terrorismo, entre otros, anunció ataques a las bases militares, estaciones de policía y pidio a la población civil alejarse de las mismas. Con esto, se comprueba cómo los beneficios del gobierno han fortalecido a los grupos armados dentro del territorio nacional.
Lo anterior es preocupante, ya que es un retroceso en materia de seguridad y muestra el debilitamiento de la institucionalidad. Desde 2021, la retaguardia y otros grupos armados han causado más de 400 ataques a la población civil y a la fuerza pública, similar a lo ocurrido en los años 90 cuando las FARC realizaron más de 600 incursiones guerrilleras en centros poblados y cabeceras municipales.
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Así están las cifras de seguridad en Colombia con respecto a la retafuardia de las FARC
El Estado Mayor Central, retaguardia de las FARC, está fortalecido. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en 2023 este grupo aumentó el pie de fuerza en un 9% y tiene presencia en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá.
Asimismo, de acuerdo con la Fundación Conflict Responses (CORE), el Estado Mayor Central pasó de 14 unidades en 2021 a 26 en 2023, e incluso manifestó la creación de un nuevo bloque para ejercer control en Tolima, Valle del Cauca, Huila y Quindío.
Mejorar los índices de seguridad y contrarrestar la criminalidad es una necesidad del país. Por ello, se deben implementar estrategias como:
- Aumentar la presencia estatal en las zonas rurales, la retaguardia en 2023 se consolidó en más de 170 municipios, lo que los ha llevado a fortalecer su poder en estas zonas
- Dotar de capacidades a las Fuerzas Armadas y brindar las garantías para aumentar su pie de fuerza, entre 2015 y 2023 el ejército y la policía pasó de contar con 451.124 efectivos a 388.944
- Prevenir y detener el reclutamiento de menores de edad . En 2023 se registraron 184 casos, un aumento del 141% frente a la cifra del 2023. Esto debe ser prioridad, ya que estos grupos criminales instrumentalizan a los niños y jóvenes para llevar a cabo sus actos delictivos.
La fuerza pública y los colombianos necesitan que el gobierno nacional atienda los problemas de seguridad. Esto, para detener las extorsiones, ataques, los robos, el desplazamiento y demás delitos de los grupos armados.
Se debe proteger la institucionalidad, la democracia y garantizar el bienestar de la población.