Chocó es el departamento más pobre de Colombia, registra una pobreza monetaria del 67,7%. Además, la población chocoana vive una crisis humanitaria por culpa de los enfrentamientos de los grupos armados, según la Gobernación del Chocó el departamento está minado en un 80%.
Desde este martes 18 hasta el 21 de febrero la guerrilla del ELN anunció un nuevo paro armado en rechazo a la presencia del Clan del Golfo en la región, por el control de los ríos para el tráfico de drogas y por la falta de atención del Gobierno Nacional ante la crisis humanitaria generada por la presencia de grupos paramilitares.
Según información de la Fuerza Pública, se conoció que el responsable de este paro armado que afecta a los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, es alias “Jerson” cabecilla del Frente Ernesto “Che” Guevara del ELN y quien es responsable de delitos como desplazamiento forzado, homicidio, secuestro, extorsión y tráfico de armas.
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Consecuencias del paro armado
Antes del paro armado, en el Chocó ya se presentaban enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, lo que ha ocasionado el desplazamiento de 3.500 personas y alrededor de 3.000 se encuentran confinadas en 30 poblados. Y hoy con este nuevo anuncio del grupo armado la población está en riesgo, por lo que desde la Gobernación se pide la declaración de estado de conmoción interior para atender la emergencia.
El paro genera una clara violación a los derechos humanos de la población. En materia de educación, más de 1.700 menores no pueden recibir clases por culpa de los enfrentamientos. De igual manera, esto tiene como consecuencia el desabastecimiento de alimentos y medicinas, ya que no se les permite llegar al departamento.
El Chocó vive un panorama desolador y el comercio está cerrado. Por lo que la Organización de las Naciones Unidas pidió que se activaran por parte del Estado todas las medidas necesarias para proteger la integridad y vida de los chocoanos.
Desde Ante Todo Colombia le hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que dejen la complacencia con la criminalidad. Aunque se suspendieron los diálogos hoy el país necesita que estos criminales paguen por cada uno de sus delitos, sin recibir beneficios bajo la excusa de una falsa paz real.
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