- La iniciativa se radicó este martes en la Secretaría General de la Cámara de Representantes.
El Concejal de Bogotá Rolando González, tras varias denuncias contra inmobiliarias piratas y en un trabajo conjunto con el Representante a la Cámara por Bogotá José Daniel López , establecieron la necesidad de modificar y actualizar la Ley 820 de 2003, con lo cual se pretende fortalecer las funciones de vigilancia y control de los municipios y prevenir el abuso de algunas inmobiliarias con sus usuarios, a la hora de firmar un contrato de arrendamiento o de administración.
El proyecto de ley, que fue construido conjuntamente con el cabildante y el representante a la cámara, busca incrementar las sanciones hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes e incorporar tres nuevas razones, que serían objeto de sanción.
“Con este proyecto trabajado conjuntamente, vamos a proteger a los usuarios de las inmobiliarias “piratas” y de quienes, siendo legales, cometen irregularidades en su actividad. Esta es una necesidad que reclaman miles de ciudadanos, beneficiando tanto aquellos que entregan su propiedad a una inmobiliaria en administración, como para los que habitan en una vivienda en calidad de arrendatario.” aseguró el cabildante.
El número de quejas en contra de las inmobiliarias crecieron en la ciudad en un 127%, el 10% son presentadas por propietarios y el 90% por arrendatarios.
Luego de un trabajo de investigación que ha realizado el Cabildante, entrevistando a propietarios que entregaron su vivienda en administración y a arrendatarios de inmobiliarias, se identificaron las 4 conductas ilícitas en que más incurren estos negocios son:
- No consignarles el canon de arrendamiento a los propietarios de la vivienda.
- No expedir copias del contrato de arrendamiento al arrendatario o a su codeudor.
- Exigir depósitos ilegales, para el cumplimiento del contrato de arrendamiento.
- Terminar unilateral el contrato de arrendamiento y/o administración por fuera de los requisitos de ley.
En ambos casos, propietarios y arrendatarios se encuentran desprotegidos porque no existen dientes para sancionar aquellas inmobiliarias, por ejemplo, cuando hay daños en el inmueble, conflictos de convivencia o cuando estas inmobiliarias reportan a centrales de riesgo a los morosos.
Según datos de la Secretaría Distrital de Hábitat, entidad encargada de la Inspección, vigilancia y control de esta actividad en Bogotá, hay más de 2.500 arrendadores con matrícula activa para ejercer esta actividad, de los cuales alrededor de dos mil son personas jurídicas.
Vale la pena recordar que el Concejal Rolando González radicó, desde el pasado mes de mayo, un proyecto de acuerdo que busca implementar un registro de consulta libre, para que a la hora de arrendarse un inmueble, se conozca si la inmobiliaria está matriculada en la Secretaría Distrital de Hábitat y por lo tanto es una compañía autorizada por el Distrito para desarrollar dicha labor.
Atículo publicado en: rolandogonzalez.co
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