Recientemente en un foro sobre la lucha contra el narcotráfico se abrió una discusión por el contenido de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Un sector indicaba que dichos PDET estaban influenciados por comunidades cercanas a la retaguardia de las FARC, y otro, decía que era el instrumento más representativo para promover la equidad y la oferta estatal de bienes e infraestructura de servicios en las zonas más afectadas por el conflicto.
Una de las consecuencias que trajo el acuerdo de paz fue la priorización de 170 municipios con mayor grado afectación del conflicto dentro de 16 subregiones a nivel nacional. Estos PDET pretenden impactar positivamente la vida de alrededor de 7 millones de colombianos a través de 8 pilares que aseguren el cierre de brechas sociales, pilares en función del ordenamiento de la propiedad, infraestructura rural, salud y vivienda rural, educación, reactivación económica, reconciliación, entre otras temáticas.
El PDET tiene por dentro el Plan de Acción para la Transformación Regional (PART), el cual a través de tres fases se genera una concertación de iniciativas a escala veredal, municipal y subregional. El objetivo es poder concertar desde la población sus necesidades en función de los 8 pilares descritos anteriormente, para así fortalecer una Hoja de Ruta para cada subregión, y que permita cerrar las brechas de inequidad, pobreza e injusticia. Estas iniciativas se consolidarán en la Hoja de Ruta Única que prioriza las inversiones en concordancia con la estabilización y consolidación de los territorios PDET.
Ahora bien, con base en la transformación institucional posacuerdo también es relevante atender las percepciones de aquellos que aseguran que dichas iniciativas involucradas en los PDET pueden fortalecer las estructuras criminales de los grupos al margen de la ley. Tesis que puede encontrar asidero estadístico por el volumen de iniciativas presentadas, alrededor de 34.000, en donde muy posiblemente existan intereses en función del fortalecimiento de grupos criminales y de retaguardia creados por las FARC, también disidencias.
Por ejemplo, al analizar detalladamente el PART de la subregión Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera por su localización geográfica y limítrofe con Venezuela, se puede deducir el riesgo de que las iniciativas para gestionar territorios autónomos de parte de las comunidades locales, y en donde ellas restablezcan sus saberes ancestrales, se torne en la práctica a una creación de cadenas de producción y comercialización de productos derivados de la coca hacia el vecino país. Es decir, que en efecto, las iniciativas que protegen a las comunidades locales dan marcos para materializar el riesgo de promover actividades por fuera de la ley.
Estas afirmaciones tienen sustento cuando dentro de dicha subregión PDET se evidencian estructuras criminales como el Clan Rojas, la Oficina Caribe, y Los Pachencas; quienes en la práctica se han apropiado de cultivos y corredores para la producción y comercialización de coca a través de los departamentos de Magdalena, Cesar, y la Guajira. Estas dinámicas se replican también en la subregión PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, en donde las disidencias de las FARC siguen promocionando la extorción y los homicidios hacia la población, por ejemplo, se han asesinado 170 reincorporados en la subregión.
De esta manera el debate sobre el desarrollo de los 170 municipios PDET debe tener claro el juego de intereses y el establecimiento de agendas ocultas que viven los territorios en la práctica. Establecer las Hojas de Rutas y poder financiar las iniciativas PART pueden tardar hasta 10 años, mientras que la realidad de los territorios aún demanda de una intervención estratégica que fortalezca la estabilización de manera urgente e importante, en función de la urgencia se debe fortalecer la seguridad, y de la importancia se debe robustecer la oferta institucional en bienes e infraestructura pública (primera y segunda dimensión de Barnett).
En consecuencia, el desarrollo de los municipios PDET no solo deben estar en función de los PART, sino también deben adicionarse una estrategia sobre seguridad y estabilización de criterios hacia un desarrollo dirigido de dichos territorios. La convergencia de dicha articulación deberá seguir fortaleciendo el control de territorio mientras a la par se fortalece la infraestructura de bienes y servicios para mejorar las dinámicas de vida de la población, y las generaciones futuras en las regiones más afectadas por el conflicto.
Twitter: @cardenas_iv
Paz – Conflicto – Desarrollo Territorial – PDET – PART – Municipios – Seguridad – Narcotráfico – Región.
Economista de la Universidad de la Salle. Asesor político con experiencia en campañas y relaciones legislativas. Experto en riesgos financieros y regulación bancaria a través de investigaciones económicas.
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