La sociedad colombiana ha alcanzado el clímax de la violencia, y ha pensado que el freno de tanta sangre debía ser un proceso de paz, y digo la sociedad colombiana porque se supone que quienes están en el congreso y en el gobierno fueron elegidos para velar por los intereses de todos. Pueden llamarme ingenuo, pero si acaso queda confianza en algo, debe ser en las buenas intenciones de quienes han de gobernarnos.
Desde la guerra de los mil días, la idea de proponer amnistías generales ha tenido eco después de cada periodo de tribulación en la historia colombiana, por ejemplo, mediante el Tratado de Chinácota del 03 de diciembre de 1902, se ofrecieron perdones judiciales para quienes entregaran las armas y dejaran las filas insurreccionales en la ya conocida guerra entre godos y liberales. Después, en el golpe militar del General Gustavo Rojas Pinilla se expidió el decreto 1823 de 1954, que perdonaba aquellos delitos cometidos por autodefensas y guerrillas liberales y comunistas por igual. Durante el trascurso del Frente Nacional, el presidente Carlos Lleras Restrepo expidió el decreto 2090 de 1967 que habilitó el perdón de delitos de contenido político relacionados con asuntos sindicales y estudiantiles, pero a su vez, los delitos de tortura cometidos al interior de la Universidad Nacional por agentes de la Fuerza Pública. Ya después, bajo el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala se expide la Ley 37 de 1981 que amnistiaba delitos políticos cometidos por la multiplicidad de guerrillas de ese entonces, de nuevo, bajo el gobierno de Belisario Betancur se expide la ley 35 de 1982 que sin ningún proceso de negociación ofrece un perdón judicial a cualquiera que hubiere sido condenado por los delitos de rebelión, sedición, y asonada. Finalmente, se celebran los Acuerdos de la Uribe con la guerrilla de las FARC, y El Acuerdo del cese al fuego y diálogo nacional con el EPL y el M19.
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Ya en el siglo XXI se presentan dos acuerdos de paz, el primero suscrito con los paramilitares que imponía penas de 5 a 8 años, y el segundo suscrito por el gobierno del presidente Santos en el 2016 que amnistiaba los delitos políticos, pero que sometía a sanciones propias, alternativas y ordinarias los delitos que tuviesen relación directa con el conflicto armado y que por su carácter, no fueren susceptibles de este perdón judicial por tratarse de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
La conclusión, ningún proceso de amnistía general o proceso de paz ha logrado consolidar la paz en Colombia y por el contrario, la estela de impunidad esta más viva que nunca, el protagonismo nunca es de las víctimas, y en los últimos años el conflicto se ha recrudecido en las zonas donde ahora, los reductos de los últimos procesos de paz (Disidencias de FARC, Caparros, Pelusos, ELN) se pelean por las rutas del narcotráfico y el control territorial que les garantiza recursos por extorsiones, minería ilegal, contrabando etc. Por ello, es torpe afirmar que las amnistías generales tienen algo de bueno, pues la historia y la cultura política colombiana, se han habituado tanto a la impunidad, que otros cincuenta años de violencia parecieran inevitables ante tanta imbecilidad presidencial.
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