El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno volverá a usar la aspersión terrestre con glifosato para eliminar cultivos ilícitos. Aclaró que esto solo se hará con el consentimiento de las comunidades campesinas y como apoyo para agilizar la erradicación voluntaria.
La declaración generó controversia al contradecir las promesas del presidente Gustavo Petro, quien ha respaldado la sustitución voluntaria de cultivos como estrategia principal. Ante las afirmaciones del ministro, el presidente reiteró que esta medida no se aplicará en su gobierno, dejando en evidencia una desconexión entre los miembros del gabinete con las decisiones que se toman para el país.
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¿Es el gobierno responsable de los retrocesos en Colombia por su falta de orden?
El Gobierno ha sostenido durante meses una narrativa sin fundamentos técnicos ni resultados, centrada en una visión ideológica que prometía reducir los cultivos ilícitos a través de voluntad política y diálogo.
Lo anterior, ha sido un retroceso en seguridad, pérdida de control territorial y un aumento considerable de los cultivos de coca. Según cifras de la ONU, Colombia cerró 2023 con más de 230.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el número más alto registrado en la historia reciente del país.
Hoy, frente a la realidad del país, el Gobierno se ve obligado a retomar estrategias del pasado. Estrategias que, pese a sus controversias, demostraron cierto grado de eficacia. Sin embargo, por razones ideológicas, se abandonaron mecanismos como la erradicación forzada, el uso controlado de glifosato y la incorporación de tecnología para ubicar y reducir cultivos ilícitos. En lugar de perfeccionarlas, se desecharon, y ahora Colombia enfrenta las consecuencias.
Ante esto, el país necesita un discurso con fundamento, basado en pruebas, datos y resultados, no en teorías ideológicas. Es contradictorio que, mientras el Gobierno nacional anuncia el regreso de las aspersiones, su canciller defienda la hoja de coca en las Naciones Unidas y pida que sea excluida de la lista de sustancias más dañinas.
Pero estas contradicciones no solo generan confusión, sino que dejan en evidencia una grave falta de liderazgo. La lucha contra las drogas no puede seguir dependiendo de un discurso político. Requiere estrategia, coherencia y decisiones responsables, algo que hoy, tristemente, parece estar ausente en el gobierno.
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