El 2 de diciembre, un joven de 29 años fue asesinado en Bogotá para robarle sus pertenencias. No se trata de un caso aislado ni de un hecho menor. Este crimen refleja el miedo con el que millones de ciudadanos viven a diario. La víctima pudo haber sido cualquiera de nosotros, porque hoy, en muchas ciudades de Colombia, la gente siente que el Estado ha perdido el control frente a la criminalidad.
Los hechos revelan un problema profundo. La moto en la que se movilizaban los criminales tenía más de 15 denuncias previas, pero seguía circulando. Esto demuestra la permisividad con las bandas criminales y la impunidad estructural, que deja expuesto al ciudadano.
Ahora bien, el índice de impunidad en Colombia es alarmante y supera el 90 %. Según el INPEC, la reincidencia es de alrededor del 20 %. Los procesos judiciales son lentos, las sanciones insuficientes y hoy las cárceles se han convertido en verdaderas universidades del crimen. Quien delinque sabe que es muy probable que quede libre pronto, y eso aumenta la violencia en las ciudades y permite que hechos como este sigan ocurriendo.
Asimismo, la participación de un menor de 16 años en el delito enciende las alarmas. Hoy, las bandas criminales y los grupos armados reclutan jóvenes con facilidad, aprovechando la falta de oportunidades, la impunidad y un sistema judicial que rara vez sanciona con rigor. Según la Defensoría del Pueblo, hasta septiembre de 2025 se han registrado más de 120 casos de reclutamiento de menores, lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de tomar medidas efectivas.
La permisividad del Gobierno Nacional y la política de “paz total” han fortalecido a la criminalidad, ampliado su influencia y permitido que estas estructuras consoliden su poder. Lo que debía traer paz ha expandido la violencia.
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Hacia el 2026: ¿qué liderazgo necesita Colombia?
Colombia necesita un liderazgo con resultados comprobados en seguridad, alguien que entienda el sistema desde adentro, que sepa usar la inteligencia para anticiparse al delito y que sea capaz de coordinar instituciones que hoy funcionan de manera desconectada. La seguridad no se logra únicamente con más presencia policial se requiere de claridad estratégica, organización y decisiones basadas en datos y evidencia.
Es urgente fortalecer la justicia, recuperar el control territorial y ampliar la capacidad carcelaria para que delinquir vuelva a tener consecuencias. El país no puede seguir improvisando mientras las bandas se expanden.
El asesinato de este joven no puede ser otra cifra. Debe ser el límite. El momento en que entendamos que sin acciones firmes, sin coordinación real y sin un liderazgo que priorice la vida, la violencia seguirá marcando nuestro destino.
Colombia merece un rumbo donde las familias no vivan con miedo y donde ningún ciudadano muera por la indiferencia del Estado.
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