La fallida estrategia de “Paz Total” del Gobierno de Gustavo Petro ha dejado al país en una crisis de seguridad sin precedentes. En lugar de debilitar a los grupos armados, su poder ha crecido: para 2024, su pie de fuerza aumentó un 14 % respecto a 2023.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos revela cifras alarmantes:
- Se registraron 89 masacres, de las cuales 72 fueron verificadas.
- Hubo 216 casos de reclutamiento forzado de menores.
- Fueron asesinados 91 líderes sociales.
Pero las consecuencias van más allá:
- Expansión del crimen organizado: Más del 60 % del oro es explotado por redes criminales, y en 2024 la producción de cocaína alcanzó un récord de 2.664 toneladas.
- Pérdida de control territorial: Los grupos armados operan en 30 de los 32 departamentos, desatando enfrentamientos por el dominio de las zonas.
- Debilitamiento de las Fuerzas Militares: Hoy, la institución no tiene las capacidades necesarias para hacer frente a estas amenazas.
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El deterioro de la seguridad en Colombia: entre el terror y la impunidad
Morales, Cauca, fue escenario de un nuevo ataque terrorista perpetrado por el frente Jaime Martínez de la retaguardia de las FARC, que dejó 19 personas heridas, entre ellas varios menores de edad y dos policías. A esto se suman los problemas de orden público en Chocó, donde los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo mantienen a la población en una constante zozobra.
Sin embargo, la violencia no se limita a las zonas rurales. Los grupos armados han expandido su presencia a las ciudades capitales. En Bogotá, una estructura del ELN instaló una bandera del grupo y, en un comunicado, anunció que continuará su expansión en Cali, Medellín, Cúcuta y otras áreas metropolitanas.
Por otro lado, el director de la Policía Nacional advirtió sobre un posible “Plan Pistola” del Clan del Golfo en represalia por la muerte de alias “Terror”, un criminal con más de 30 procesos judiciales abiertos por homicidio, secuestro y reclutamiento forzado.
El “Plan Pistola” es una estrategia utilizada por grupos armados para asesinar policías y militares. En 2023, la retaguardia de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco, ejecutó esta táctica con el objetivo de debilitar a la Fuerza Pública, dejando como saldo dos policías muertos y cinco ataques. En 2024, las Fuerzas Militares alertaron sobre una nueva ofensiva, con Medellín y Cali como principales objetivos, en un intento de sembrar el miedo y obstaculizar las operaciones de seguridad, facilitando así sus actividades ilegales.
El deterioro de la seguridad es evidente. Según una encuesta de Invamer de noviembre de 2024, el 68 % de los colombianos consideraba que el país iba en la dirección equivocada, mientras que el 50 % opinaba que la estrategia de “Paz Total” no respondía a los desafíos actuales.
Es inconcebible que en Colombia se insista en negociar con grupos armados que jamás han demostrado voluntad de paz y que continúan sembrando el terror. El país necesita con urgencia una reforma a la justicia que garantice que los criminales paguen por sus delitos, sin beneficios ni impunidad. La seguridad debe ser la prioridad, porque sin ella no hay progreso.
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