Laura Sarabia, canciller de Colombia, solicitó ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que la hoja de coca sea eliminada de la lista de sustancias más dañinas. Argumentó que esta planta no representa un riesgo para la salud y que, además, podría tener aplicaciones en la producción de fertilizantes, bebidas y otros usos industriales. No obstante, la posible legalización de su cultivo podría beneficiar a los grupos armados, principales actores en el negocio de los cultivos ilícitos en Colombia.
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Implicaciones de legalizar la hoja de coca
Colombia es el país productor del 60% de la cocaína a nivel mundial. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2022 y 2023 los cultivos ilícitos aumentaron un 10%, alcanzando las 253.000 hectáreas de coca. En ese período, se produjeron más de 2.600 toneladas de cocaína, de las cuales solo el 28% fueron incautadas.
Los cultivos ilícitos representan una de las principales amenazas para la biodiversidad en Colombia. La producción de hoja de coca pone en riesgo la preservación de 54 especies y la estabilidad de los ecosistemas, además de estar vinculada al 13% de la deforestación anual en el país.
Por otro lado, el 35% de la producción de hoja de coca se concentra en los departamentos de Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Cauca, territorios con alta presencia de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, cuyas principales fuentes de financiamiento provienen del narcotráfico.
En este contexto, considerar la legalización de la hoja de coca podría alimentar la violencia en el país. Esto cobra mayor relevancia en un momento en el que Estados Unidos evalúa retirarle a Colombia la certificación en la lucha contra el narcotráfico debido a la falta de resultados en la contención de este negocio criminal.
Dada la magnitud de la producción de hoja de coca en Colombia, resulta evidente que su principal destino no son los usos tradicionales, sino la expansión del narcotráfico y el fortalecimiento de estructuras criminales.
Colombia necesita estrategias que frenen el avance de los grupos armados, no medidas que favorezcan el crecimiento del narcotráfico. De lo contrario, el país continuará sumido en la corrupción y la violencia.
