En 2022, Gustavo Petro fue elegido con un discurso centrado en la justicia social y la restitución de derechos fundamentales para la población colombiana. Entre sus principales promesas, destacó su compromiso de poner fin al conflicto armado en su totalidad. Incluso, en una entrevista con la Revista Semana, aseguró que, tras asumir la presidencia, el ELN “desaparecería en los siguientes tres meses” (El Colombiano, 2024).
Sin embargo, dos años después de esta declaración, el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo se han fortalecido, lo que ha llevado a una expansión territorial, un incremento en su capacidad armada y un crecimiento de sus economías criminales en diversos municipios. Este contraste con la realidad evidencia que la política de Paz Total nació como una estrategia predominantemente populista, sin un análisis profundo del conflicto, con una falta de planificación y en medio de la inestabilidad del propio gobierno.
Esta columna analizará cómo el gobierno no comprendió ni aplicó correctamente el concepto de madurez del conflicto, lo que ha desencadenado una crisis de gobernabilidad, gobernanza y seguridad en Colombia.
Una aproximación al concepto de madurez del conflicto:
La madurez del conflicto es un concepto clave al momento de hablar de procesos de negociación en resolución de conflictos armados. Este elemento fue acuñado por William Zartman (2001) quien entendió que cualquier tipo de conflicto llega a un punto de estancamiento psicológico y estratégico a nivel militar. Entendiendo, que, en el corto, mediano y largo plazo no es posible seguir con la lucha armada porqué ninguna parte triunfará sobre la otra.
Esta tiene tres elementos claves:
- Disponibilidad para Negociar: Se reconoce que la solución negociada es la mejor opción disponible.
- Estancamiento mutuo y perjudicial: Para las partes, continuar bajo un estado de pérdida constante al no tener la capacidad militar para lograr una victoria clara.
- Percepción de Costos Inasumibles: Se percibe que seguir en el conflicto genera más pérdidas que beneficios a nivel de recursos económicos, militares y en vidas humanas,
Un ejemplo claro de la aplicación del concepto de madurez del conflicto es el proceso de paz llevado a cabo por el gobierno de Juan Manuel Santos. Tras las ofensivas militares durante el gobierno de Álvaro Uribe, el Estado y las antiguas FARC llegaron a un punto de inflexión en el que ninguna de las partes podía imponerse de manera definitiva sobre la otra. La guerrilla comprendió que la lucha armada no le permitiría alcanzar el control del Estado, mientras que el gobierno colombiano reconoció que la erradicación total de las FARC era inviable debido a la limitada presencia institucional en las regiones más alejadas del país.
Varios factores facilitaron el éxito de esta negociación. Entre ellos, el debilitamiento militar de las FARC, su creciente deslegitimación a nivel nacional e internacional y la presión por una salida política (Molina Correa et al., 2022). En este contexto, la guerrilla, que combinaba objetivos políticos con fuentes de financiación criminal, encontró en la negociación una alternativa viable. Esta situación contrasta con los intentos de diálogo bajo la política de Paz Total, donde las condiciones y actores en juego presentan diferencias significativas.
Los errores de la Paz Total: la incapacidad de leer correctamente los conflictos armados en Colombia
Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, gran parte de la sociedad colombiana creyó que el conflicto armado llegaría a su fin y que, con el tiempo, grupos como el ELN y estructuras de origen paramilitar seguirán el mismo camino, impulsados por un eventual fortalecimiento del Estado.
Sin embargo, lejos de desaparecer, el conflicto se transformó. La incapacidad del Estado para ocupar y consolidar su presencia en los territorios previamente controlados por las FARC permitió que otros grupos armados tomaran su lugar. Como resultado, surgieron disidencias de las FARC, mientras que el ELN y el Clan del Golfo crecieron significativamente. Aunque en sus inicios estos grupos tenían objetivos políticos, en la actualidad han dejado de aspirar al control del Estado y se han enfocado en maximizar sus beneficios económicos a través del dominio de zonas estratégicas y actividades criminales.
El gobierno de Gustavo Petro no comprendió el momento que atravesaba el conflicto armado y depositó una confianza excesiva en la supuesta “voluntad” de paz de estos grupos. Asumió erróneamente que el ELN y el Clan del Golfo operarían bajo la misma lógica de otros actores con los que se logró una transición pacífica en el pasado. Como consecuencia, entre 2022 y 2024 se implementaron ceses al fuego con los principales actores del conflicto, pero estos fueron utilizados para su fortalecimiento y expansión en ausencia de una presencia efectiva del Estado.
Este fortalecimiento también se reflejó en el crecimiento de sus finanzas, impulsado por el aumento en la producción de cocaína, una expansión territorial agresiva para asegurar rutas del narcotráfico y diversificar sus fuentes de ingreso a través de otros mercados ilícitos. Uno de los errores estratégicos más graves del gobierno fue centrarse exclusivamente en la lucha contra la cocaína, ignorando otros flujos financieros, estructuras empresariales fachada y redes criminales de estos grupos. A pesar del incremento en las incautaciones de cocaína, estas no representan un avance real en la lucha contra el narcotráfico, sino que son simplemente una consecuencia proporcional del aumento en la producción (ver gráfico N°1).
Gráfico N°1 Hectáreas de cocaína cultivada en Colombia
La diversificación económica de estos grupos estuvo acompañada de una expansión territorial sin precedentes. El Clan del Golfo aumentó su presencia en un 84%, concentrando su accionar en la región del Urabá antioqueño, donde controla el lucrativo negocio del tráfico de migrantes a través del Tapón del Darién.
Por su parte, el ELN amplió su dominio en un 56%, consolidando su control sobre toda la frontera con Venezuela. Desde allí, gestiona rutas de narcotráfico a través del país vecino, participa en el tráfico de migrantes, explota la minería ilegal en el Chocó y se beneficia del robo de infraestructura petrolera.
Finalmente, las disidencias de las FARC experimentaron el crecimiento más significativo, expandiéndose un 141%. Su estrategia se ha centrado en asegurar el control de la producción y comercialización de cocaína, así como en el incremento de secuestros extorsivos como fuente de financiamiento (Defensoría del Pueblo, 2024).
Gráfico N°2: Expansión de cada grupo entre 2019-2024
Antes de 2016, grupos como las FARC o el M-19 operaban bajo una estructura jerárquica, en la que un líder central dirigía la organización. Esto implicaba que, si esa figura caía, el grupo quedaba gravemente debilitado o enfrentaba su disolución. Sin embargo, con la firma del acuerdo de paz, surgió la necesidad de reducir la dependencia de un único mando dentro de los Grupos Armados Organizados (GAO).
A partir de este cambio, estas organizaciones comenzaron a adoptar un modelo basado en redes policéntricas, las cuales, según Víctor Guerra (2024), están conformadas por múltiples líderes o “cabezas” capaces de adaptarse y evolucionar en entornos complejos. Este sistema permite descentralizar el poder y garantizar la continuidad operativa del grupo, ya que cada frente mantiene su autonomía mientras colabora con las demás estructuras que conforman la organización,
Por lo tanto, el gobierno nunca negoció con actores que tuvieran una verdadera voluntad de paz. Aunque sus representantes manifestaban interés en una salida negociada, sus declaraciones contrastaban con los intereses internos de estas organizaciones, cuyos sectores más influyentes buscaban mantener la confrontación para seguir expandiendo sus economías ilícitas.
Conclusiones
Para 2026, el gobierno de Gustavo Petro dejará el país en un escenario de incertidumbre, marcado por la expansión de los grupos armados con los que intentó negociar bajo la política de Paz Total. En gran medida, esto se debe a un exceso de confianza en estos actores, quienes aprovecharon los ceses al fuego para fortalecerse tanto militar como económicamente.
A pesar de la voluntad del gobierno, el contexto del conflicto no había alcanzado un nivel de madurez suficiente para iniciar negociaciones viables. Como resultado, es poco probable que en el corto plazo se logre una salida negociada, ya que estos grupos no tienen motivos reales para dialogar, dado su creciente control territorial y el fortalecimiento de sus economías criminales.
El próximo gobierno enfrentará una crisis de gobernabilidad que no solo afectará las zonas rurales, sino también los entornos urbanos, como lo evidenciaron los atentados ocurridos en Cúcuta en febrero de 2025. Además, la intensa competencia entre los distintos grupos armados ilegales provocará un incremento de la violencia y un mayor número de víctimas civiles.
Referencias
Defensoria del Pueblo. (2024, agosto 12). Mapa de Colombia con presencia de grupos armados: ELN y disidencias Farc llegaron a más municipios en 2024. https://360radio.com.co/mapa-de-colombia-con-presencia-de-grupos-armados-eln-y-disidencias-farc-llegaron-a-mas-municipios-en-2024/159985/
El Colombiano. (2024, septiembre 18). “A los tres meses de ser presidente se acaba el ELN”: Fajardo y la oposición le recuerdan a Petro promesa fallida. El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/colombia/a-los-tres-meses-se-acaba-el-eln-fajardo-petro-promesa-fallida-CH25444226
Guerra, V. (2024). Economias Criminales Enfoques Multidimensionales (1.a ed.).
Zartman, I. W. (2001). The timing of peace initiatives: Hurting stalemates and ripe moments 1. Global Review of Ethnopolitics, 1(1), 8-18. https://doi.org/10.1080/14718800108405087
Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, con experiencia en migración, conflictos, asuntos electorales y regulatorios. Voluntario activo en el movimiento ciudadano Ante Todo Colombia.
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