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Foto obtenida de Impacto Venezuela

Colombia no puede ser el país de la impunidad

La primera línea se dio a conocer como un grupo de jóvenes que lideran las protestas sociales en el país. Sin embargo, estos grupos cometieron terrorismo urbano por lo tanto deben responder ante la ley por sus delitos.  

La primera línea alteró el orden en el territorio nacional, provocó bloqueos, causó daños a bienes públicos y atentó contra la vida. Según el Ministerio de Hacienda el balance general de las pérdidas oscila alrededor de los 7 billones de pesos, siendo los sectores más afectados el comercio, agro y transporte.

Asimismo, la primera línea atentó y bloqueó el pasó de ambulancias y misiones médicas, lo que ocasionó la muerte de dos bebés y dos personas que necesitaban atención médica de emergencia. Y puso en jaque el transporte de medicinas y oxígeno en pleno pico de la pandemia.

En materia de movilidad más del 78% de los transportadores presentó problemas en el transporte de productos por los bloqueos. Por esto, el comercio se vio afectado en un 55%.

El ELN jugó un papel importante en estas protestas, esto lo evidencia la Fiscalía General de la Nación que encontró hallazgos de pagos de alrededor de 70 billones de pesos de este grupo criminal a la primera línea. El principal objetivo era organizar ataques en contra de la Policía Nacional.

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¿Debería existir impunidad para estos grupos criminales?

En los últimos días ha sido furor el hecho de que grupos criminales ofrezcan el desmonte de sus estructuras para obtener beneficios en materia de justicia transicional. Esto traería consigo penas bajas o incluso condenas diferentes a la cárcel o lo que denomina el gobierno de Gustavo Petro como el famoso perdón social.

En el caso de la primera línea, por medio de la comisión del empalme se está pidiendo liberar a las personas detenidas en el marco de la protesta social en Colombia. Sin duda, estos grupos deben responder penalmente por cada uno de los actos vandálicos que ocasionaron en el país.

Desde Ante Todo Colombia consideramos que se debe promover la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, con el fin de introducir procedimientos operacionales que respondan a las amenazas y desafíos del territorio nacional en razón de estos grupos criminales. De igual manera, nos mantenemos en que deben acogerse a la ley y pagar por cada uno de los actos que han afectado la estabilidad de Colombia.

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