En 2024, Colombia ha enfrentado graves problemas ambientales debido a la sequía, lo que ha provocado racionamientos de agua y un posible riesgo de apagones. Un informe de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas también advirtió que, desde 2012, las reservas de gas han disminuido en más del 50%.
Aunque este problema se identificó desde agosto, ya se había alertado sobre el riesgo de desabastecimiento, lo que podría tener un impacto considerable en la sostenibilidad energética y fiscal del país.
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¿Cuál fue la respuesta del gobierno ante la crisis en el sector energético?
El Gobierno Nacional instaló un Puesto de Mando Unificado de Gas para abordar los problemas relacionados con el suministro de energía y gas en el país. Durante las reuniones, se acordó acelerar el proceso de transición energética de Ecopetrol para evitar un posible desabastecimiento.
Según el Foro Económico Mundial, Colombia es el quinto país de la región con mayores avances en materia de transición energética. Sin embargo, más del 60% de los proyectos de energías renovables presentan retrasos en la expedición de licencias, lo que ha suspendido la construcción de nuevas fuentes de energía.
La transición energética debe ser una prioridad para el gobierno, ya que esta crisis se originó, en parte, por la intención de suspender los contratos de exploración. Apostar por este cambio debe hacerse de manera responsable, no acelerada, pues de lo contrario, podrían generarse graves consecuencias.
Un proceso acelerado de transición energética puede requerir nuevas inversiones, y sin un financiamiento adecuado, proyectos clave podrían quedar sin ejecutar. Además, esta transición podría generar pérdida de empleos en sectores tradicionales como el petróleo y el carbón.
Si no se maneja de manera adecuada, también podría haber inestabilidad en el suministro energético, con posibles períodos de escasez de gas y electricidad. La falta de un marco normativo claro y estable complicaría aún más la implementación de nuevas políticas energéticas.
La transición energética en Colombia debe ser un proceso que responda a las necesidades del sector, apostando por una transición justa y ordenada. De lo contrario, la estabilidad y soberanía energética del país estarían en riesgo.