Durante la más reciente marcha convocada por el gobierno nacional, el 18 de marzo de 2025, el presidente Gustavo Petro se fue en contra de los representantes de la Comisión Séptima del Senado que hundieron la reforma laboral del gobierno. A causa de esto, el mandatario alzó fuertes críticas en contra de los representantes. Dijo que “han traicionado al pueblo de Colombia por codicia, por dinero. Se han arrodillado al rico, y a un dios falso: el dios dinero. No quieren que la madre comunitaria tenga un sueldo, que las mujeres de Colombia tengan una pensión merecida, después de criar a sus hijos, de darnos la vida” (Revista Semana,2025). También aseguró que “cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y debe obedecerlo; si no es así, si se cree tirano sobre el pueblo, si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo los sacará del Congreso, como tiene que ser. Y no estoy hablando carreta, los que fuimos del M-19 no aprendimos carreta” (El Colombiano,2025).
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Después de estas declaraciones, tanto en su discurso como en redes sociales, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó que interpuso una medida cautelar contra Gustavo Petro, tras recibir amenazas por oponerse a la reforma laboral. Cepeda declaró: “Acabamos de presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta petición de medidas cautelares, ante la persecución política del presidente Gustavo Petro en nuestra contra por asumir una posición crítica a su reforma laboral” (El Nuevo Siglo,2025).
Es importante resaltar que tanto los senadores como los representantes a la Cámara ya son elegidos por el pueblo, a través del voto, según lo dicta la Constitución de 1991, la Ley 5 de 1992, y la Ley 1475 de 2011. Por lo tanto, las declaraciones del presidente Gustavo Petro van en contra del sistema democrático y representativo de Colombia. De alguna manera, estas declaraciones representan un ataque al mismo pueblo que tanto dice defender el mandatario.
Este tipo de posturas agrava la situación política del país. Nos están llevando al odio general, incrementando la división social y el rechazo a los resultados de la democracia. Nos desvían de los temas más importantes, mientras nos hacen pensar que los representantes, que constituyen la rama legislativa del Estado, están en contra del pueblo y sus derechos. Desde el gobierno, utilizan este tipo de decisiones para iniciar su campaña política desde todos los frentes. Ahora, además, utilizan la consulta popular como excusa para la lucha por los derechos.
Es fundamental que todos los colombianos estemos a favor de la democracia, de su modelo y sus resultados. Una de las metas de todo gobierno es tomar el poder tanto para sus seguidores como para sus opositores. No podemos permitir que se use la emotividad social para atacar el voto del pueblo. Todos somos responsables de nuestro voto. Somos los únicos que podemos decidir qué tipo de país queremos. Por lo tanto, debemos entender que la democracia nos exige ceder algo de nuestra postura política, pero no nos obliga a ceder nuestra libertad.
Las tensiones actuales reflejan la polarización que estamos viviendo en el país. Es necesario que los colombianos defendamos nuestro derecho al voto y, al mismo tiempo, que los gobernantes respeten las instituciones y el equilibrio entre los poderes. Solo así podremos avanzar hacia un país verdaderamente democrático, que busque un consenso real entre gremios de empresarios y trabajadores.
No podemos permitir más la manipulación desde el discurso y la honra a grupos que van en contra de la representación política que el mismo pueblo ha votado. Colombia necesita una mejor representación, menos discurso y más voluntad.
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