En las últimas semanas, los pronunciamientos y decisiones de algunos funcionarios del orden nacional han afectado el ambiente político y social colombiano. Por ejemplo, hace unas semanas, Gustavo Petro expresó la posibilidad de pagar 800 mil pesos a jóvenes para rescatarlos de la criminalidad.
Sin embargo, la anterior propuesta envía un mal mensaje, ya que se estaría premiando a quienes han cometido delitos y no a quienes construyen país. Esto, genera impunidad.
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¿Justificación para la impunidad colombiana?
El Congreso de la República con la Reforma a la Ley 418 de 1997 sobre orden público, denominada por el actual gobierno como la ley de “paz total” pretender otorgarle al Presidente facultades para indultar jóvenes pertenecientes a la “primera línea”. No obstante, la propuesta fue derrotada en el legislativo.
Resulta inexplicable para un ciudadano de a pie entender cómo las facultades del poder judicial materializadas en un juez de la República y en las investigaciones de los fiscales se ven totalmente atropelladas por la voluntad del primer mandatario.
Y para terminar, la cereza en el pastel…se conoció que el Viceministro del Interior, Gustavo García, estuvo implícito en medio de unas manifestaciones como mediador para impedir capturas de presuntos jóvenes que estarían delinquiendo. Por esto, el Viceministro estaría extralimitándose en sus funciones.
Por lo anterior, en Colombia pareciera que el poder ejecutivo (presidente y gobierno) no respetara las decisiones del poder judicial. Esto, pone en duda el equilibrio de poderes.
Sin duda un mensaje muy negativo para toda la sociedad y deja ver las líneas políticas que se dan en el poder, propias de las dictaduras que están siendo famosas en Latinoamérica por estos días.
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