Colombia vive momentos complejos por la falta de liderazgo, orden y compromiso del gobierno. Los constantes beneficios que ha tenido la criminalidad y la polémica relación entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa ha hecho que desde mediados del 2022 los problemas en materia de seguridad aumenten y dejen a la vista la necesidad de una reforma a la justicia, en la que los delincuentes paguen por sus delitos.
Las actuales fallas de la justicia colombiana, ya sea por sus decisiones o irregularidades, han hecho que en el país se aumenten los niveles delincuenciales:
- La reincidencia intramural a enero de 2024 es del 78%
- El nivel de impunidad en el país fue del 90% en 2023
- Los cultivos ilícitos aumentaron en un 13% en 2023
- La minería ilegal aumentó en un 73% en 2023
- Se presentaron más de 10 mil casos de extorsión en 2023
A lo anterior, se suma la crisis en el sistema penitenciario. Actualmente el hacinamiento carcelario es de más del 20% y de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la extorsión carcelaria aumentó en 41%. Asimismo, el uso de los celulares dentro de los establecimientos afecta la seguridad en el país, ya que algunos presos los usan para ordenar asesinatos, amenazas y otros delitos.
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¿Es necesaria una reforma a la justicia?
La rama judicial es fundamental para la institucionalidad del país, es necesario que esta sea efectiva y transparente. Sin embargo, la ejecución de los recursos de esta cartera ha sido deficiente, pues en 2023 tan solo ejecutó 0.9 billones de más de 100 billones que tenían designados. Y ha sido uno de los sectores con menor adición presupuestal, a pesar de la crisis en seguridad a la que se enfrenta el país.
Desde Ante Todo Colombia consideramos que el sistema judicial colombiano requiere de atención y se pueden implementar estrategias para el fortalecerlo:
- Mejorar la capacidad de investigación criminal. El ejercicio de los jueces debe estar garantizado por un componente técnico robusto y sólido, para lo cual se debe dedicar un esfuerzo particular al fortalecimiento de las capacidades técnicas, tecnológicas y humanas de los organismos de investigación, con miras a una reducción rápida y efectiva de la impunidad.
- Establecer una política criminal enfocada en la identificación de los factores dinamizadores del crimen, la planeación de la acción estatal contra este, y la asignación de roles, funciones y metas. Con esto, se pretende garantizar la coordinación interinstitucional necesaria para la prevención del crimen, la protección del ciudadano y la promoción de la justicia.
- Una reforma al sistema penitenciario, en donde no se permita el delito dentro de los centros de reclusión y a través del trabajo dentro de las cárceles, se den oportunidades de resocialización.
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