La trata de personas es considerado un delito, cuya intención es explotar a mujeres, niños y hombres para trabajos forzosos y sexo (UN, 2018). El Informe Mundial sobre la Trata de Personas realizado por la ONU, encontró que el 30 por ciento de las víctimas son niños y el 70 por ciento son mujeres y niñas. En Colombia, según datos del Instituto del Bienestar Familiar (ICBF), entre 2014 y 2018, a 84 niños víctimas de la trata de personas, se les han restablecido sus derechos.
Sin embargo, para algunos activistas, los casos de tráfico de niños en Colombia son mayores por la presencia de bandas criminales. Estas bandas, no solo controlan negocios ilegales como el tráfico de armas o narcotráfico, sino amplias redes de prostitución y trata de personas. Y su desarticulación ha sido un gran reto debido al cambio en el modus operandi.
El fenómeno de trata de niños en el territorio colombiano, no ha sido un tema visible e incluso en años anteriores, un tabú. No obstante, con la creación de la Ley 679 del 2001 para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores; la Ley 985 del 2005 en la que se crea el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas; la Ley 1336 de 2009 que robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes; y la participación de organizaciones que velan por la protección de los niños, esta problemática ha ganado visibilidad.
Lo anterior, ha contribuido al desarrollo de campañas de prevención, en el ámbito público, a través campañas de capacitaciones a jueces, sobre casos de trata de niños. Y también, en el ámbito privado a través de campañas de sensibilización y capacitación al personal del sector turístico y aeroportuario.
La lucha contra la trata de personas y en especial de niños, no es una tarea fácil. La mayoría de activistas que se encargan de brindar apoyo a las víctimas y visibilizar la situación, son amenazados. A nivel legal, existen problemas de interpretación de las leyes existentes y corrupción, que han permitido la libertad o beneficios para los perpetradores de este delito. Omitiendo que el Código de Infancia y Adolescencia establece que los derechos de los niños prevalecerán.
Las demoras en los procesos de investigación han jugado en contra de esta lucha. Así como la poca presencia estatal en algunas regiones, en donde las organizaciones criminales se encuentran. En cuanto a la atención de los niños víctimas de este flagelo, podría mejorarse mediante nuevos espacios de acompañamiento y ayuda psicosocial. Actualmente, el ICBF cuenta con una Casa Transitoria en donde la víctima menor de 18 años es valorada, y posteriormente enviada a una Casa Hogar o un Hogar Sustituto. El uso de estas casas, se da solo en caso de que la familia del menor esté involucrada en el delito.
El tráfico de niños es un crimen que debe ser perseguido y judicializado sin ningún beneficio para los culpables. Pero los retos continúan a nivel legal, en la atención a las víctimas y en la protección de los activistas que han permitido visibilizar y trabajar para combatir este delito. Tal vez, los avances en la lucha contra este crimen no han sido contundentes como se quisiera. Sin embargo, gracias al trabajo de personas que buscan la protección de los niños diariamente, esta problemática es visible y permite crear conciencia para prevenirla.
Te invitamos a alzar tu voz sobre cualquier acto que atente contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes, utilizando el #YoProtejoALosNiños.
Maria Alejandra Ramírez Jaraba. Con disciplina y amor se logran las metas. Internacionalista
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