En el mes de marzo del 2025, el Gobierno de Gustavo Petro celebró que la tasa de desempleo cayó al 9,6%, la más baja desde 2017. Una cifra bastante alentadora para los colombianos, pero si analizamos más a fondo la realidad detrás de estos números, nos damos cuenta de que aún no hay motivo para celebrar, ya que: el 57,7% de los empleos en Colombia son informales. Eso significa que más de 13 millones de personas trabajan sin ningún tipo de seguridad social, sin derechos básicos y con la constante amenaza de la precariedad.
Esta informalidad no es un fenómeno pasajero. En ciudades como Sincelejo, Riohacha y Valledupar tienen tasas que superan el 60%. Y ni siquiera la capital del país, se salva: la informalidad creció casi 5 puntos y ya logra afectar a más del 38% de sus trabajadores. En el campo, la situación es aún peor, con una cifra del 84% de informalidad. Esto no solo condena a millones a la pobreza, sino que mantiene intactos los años de desigualdad y pobreza.
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Por otro lado, la brecha de género es otro punto crítico en la informalidad del país. Aunque la informalidad golpea a todos, las mujeres siguen estando en desventaja, con un 53,6% en condiciones informales frente al 57,8% de los hombres. Claramente, hacen falta políticas serias que enfrenten estas desigualdades estructurales y promuevan un trabajo digno para todos.
Para gremios como la ANDI, la llamada “consulta popular” promovida por el Gobierno nacional, dejaba por fuera a más de la mitad de los trabajadores informales, esos mismos que más necesitan protección y derechos. Los analistas también expresan que regiones como La Guajira o El Chocó, con tasas de informalidad superiores al 70%, lo que demuestra que estas regiones seguirán invisibilizadas.
Aún peor, la iniciativa de consulta popular promovida por el gobierno a portas de elecciones para el 2026, nos recuerda demasiado a los desastres populistas de la región, como la fallida reforma laboral de Hugo Chávez en Venezuela: Proyectos teatrales que buscan más la foto y el aplauso fácil que resolver problemas reales. Sin diálogo, sin consensos, sin un debate técnico profundo, lo único que conseguimos es aumentar la precariedad y profundizar la crisis laboral.
Es hora de dejar atrás el populismo barato y las soluciones cortoplacistas. Colombia necesita una reforma laboral sería, construida con la participación de todos los sectores, que promueva la formalización real, el respeto a los derechos y la sostenibilidad económica. Solo así evitaremos que millones de colombianos sigan atrapados en la informalidad o pierdan derechos ganados con décadas de lucha social.
El rechazo en el Senado de la consulta popular el 14 de mayo, con 47 votos a favor y 49 en contra, demuestra que el país quiere mejoras laborales, pero no a través de discursos emotivos ni manipulaciones. Es urgente trabajar en una agenda nacional inclusiva que garantice empleo formal y soluciones reales, no propuestas superficiales que solo buscan financiar campañas y ocultar con pasiones sociales otros temas de interés nacional.
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