El gobierno nacional firmó la resolución 453 en la que se designaron como gestores de paz a 18 ex-paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Criminales como Ramón María Isaza, Arnubio Triana, Héctor José Buitrago, Salvatore Mancuso, entre otros y responsables de delitos por homicidios, desplazamiento forzado y narcotráfico, son quienes gozan de estos beneficios dados por el gobierno bajo la excusa de una “paz total” en la que se premia la criminalidad y se excluye a las víctimas.
Además, en octubre el gobierno oficializó la designación de 43 gestores de paz, de los cuales 34 tienen investigaciones abiertas y figuran en la listas de los grupos armados como el ELN y la retaguardia de las FARC.
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¿Cómo alcanzar la justicia y la reparación?
En Colombia, combatir la criminalidad debe ir de la mano con priorizar la reparación de las víctimas. Más de 9 millones de personas han sido afectadas por el conflicto armado en el país, pero solo 130 mil han recibido indemnización. En este contexto, es esencial que las víctimas puedan acceder a los beneficios de la paz y de la búsqueda de la verdad.
Por lo anterior, es necesario:
- Fortalecer las capacidades de las Fuerza Pública y Militar en Colombia, esto requiere de un constante apoyo por parte del gobierno en el que se dote de equipos y se de respaldo en la lucha contra la criminalidad.
- Reformar el sistema judicial y penitenciario, este debe estar enfocado a volverse operable, eficiente y transparente, en el que no beneficie a los criminales.
- Luchar contra la impunidad, en Colombia más del 90% de los casos quedan sin resolver. Esto es importante porque si los criminales no enfrentan consecuencias por sus acciones, el ciclo continúa y asegurar que los responsables sean procesados y sancionados es fundamental para mitigar la delincuencia.
Desde Ante Todo Colombia rechazamos enfáticamente cualquier intento del gobierno nacional de premiar o enaltecer a la criminalidad. La prioridad en el país debe ser la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y una paz genuina en la que los colombianos no sigan pagando las consecuencias del conflicto armado.
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