Hace poco más de una semana, cinco ganaderos de Paz de Ariporo, Casanare, dejaron sus fincas cargando el peso de una cita ineludible. Las disidencias de las FARC, lideradas por alias Antonio Medina en Arauca, los habían convocado, supuestamente para discutir asuntos relacionados con extorsiones, un flagelo que persigue a los llaneros como una sombra constante y del que pocos se atreven a hablar. Sin embargo, el destino les deparó algo inesperado: no fueron las FARC quienes los retuvieron, sino el ELN, acusándolos de colaborar con las mencionadas disidencias. Días después, sus rostros aparecieron en videos de supervivencia, con voces temblorosas afirmando que “los habían tratado bien”. Estas personas eventualmente fueron liberadas el 6 de abril en horas de la tarde gracias a la Cruz Roja y a la Iglesia Católica.
Este no fue un secuestro aislado. Es apenas la superficie de una realidad que enfrentan cientos de ganaderos en los Llanos Orientales, atrapados en un conflicto implacable.
Una dinámica crítica en los llanos
Para miles de campesinos, la vida se ha convertido en un juego de supervivencia entre dos frentes. Por un lado, las disidencias de las FARC y el ELN extorsionan y amenazan; por otro, castigan a quienes sospechan de alianzas con el bando contrario. Es una encrucijada sin escape: navegar entre ambos grupos, acatar sus normas y, aun así, arriesgarse a ser tildado de “traidor”. Hace algunos años, esto no era tan común en Casanare. Hoy, es parte del día a día.
El problema, sin embargo, va más allá. Arauca, otro departamento azotado por la violencia, se ha transformado en un campo de batalla donde estos grupos se disputan rutas de narcotráfico hacia Venezuela. Su geografía y la fragilidad de la frontera lo convierten en un polvorín, similar al Catatumbo, donde los choques entre estos grupos terroristas han resultado en 54,000 desplazados, 54 muertos y 12 desaparecidos hasta la fecha (Grippo, 2025).
Un país en jaque
Cifras que alarman
La violencia no se limita a los llanos. Un informe de Human Rights Watch señala que, para junio de 2024, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios (un incremento del 55% respecto a 2023), el ELN en 232 (un 23% más que el año anterior) y las disidencias de las FARC en 299 (un aumento del 30% en comparación con el año previo), (Bernal, 2025). En Antioquia y Bolívar, ELN y FARC se han unido contra el Clan del Golfo, un coloso del narcotráfico que hace unos años ni siquiera figuraba en el mapa de grupos criminales con poder a nivel nacional. En el Pacífico, una alianza poco previsible—ELN, disidencias, Segunda Marquetalia y los Shottas— se enfrentan al Clan del Golfo. En el Valle, es una guerra de todos contra todos; en Putumayo y Caquetá, disidencias y Segunda Marquetalia (otro brazo de las FARC) se enfrentan entre sí. Y en el norte del país, el Clan del Golfo choca con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Revista Semana, 2025).
A esto se añaden carteles mexicanos que se infiltran en regiones estratégicas para el transporte de drogas hacia Centro y Norteamérica. El mapa del conflicto es un rompecabezas sangriento y profundamente fragmentado.
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El dolor de las comunidades
En medio de esta guerra sin cuartel, la Defensoría del Pueblo alerta que el reclutamiento infantil se ha disparado. Tanto es así que, solo en 2024, el Ejército Nacional rescató a más de 460 niños de las garras de estos grupos. En comunidades indígenas, algunos menores optan por quitarse la vida para evitar ser arrastrados por la fuerza (Patiño, 2025). Es un hecho estremecedor que revela la magnitud de esta tragedia, un drama también denunciado en múltiples ocasiones por el representante José Jaime Uscátegui.
La “Paz Total” que no llega
Regresemos a los ganaderos de Casanare. Su secuestro no es un incidente aislado, sino el reflejo de una crisis con raíces mucho más profundas. El gobierno insiste en su estrategia de “Paz Total”, un plan que busca negociar con criminales pero que, según sus detractores (y la realidad), parece más una defensa activa de delincuentes que una solución efectiva. Sin embargo, ni siquiera los grupos armados la aceptan: el ELN lo dejó claro en un reportaje, rechazando cualquier desmovilización y responsabilizando al gobierno por el desastre en el Catatumbo (Los Informantes, 2025). Mientras tanto, la autoridad se desvanece y la seguridad se desploma, como lo demuestran las estadísticas y el clamor de las víctimas.
Un futuro incierto
Los ganaderos secuestrados en Casanare son más que un número. Representan la realidad de un país donde la violencia impone su ley y el Estado es incapaz de hacer frente a esta problemática. La “Paz Total” suena bien en los discursos, pero en la realidad, los civiles siguen pagando con sangre y lágrimas. ¿Hasta cuándo?, ¿qué se necesita para que el gobierno reaccione y las comunidades dejen de ser rehenes de esta guerra interminable?
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