La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia presentaron ante el Congreso, la nueva reforma a la justicia, la cual ha sido defendida por ambos organismos como un paso clave hacia la reparación integral y la construcción de la paz.
Sin embargo, esta reforma preocupa porque fortalece la delincuencia. Actualmente, la impunidad en Colombia es del 90%, por lo que la prioridad del proyecto debería basarse en un cambio al sistema judicial en el que no exista ningún tipo de beneficio a quienes incumplen la ley.
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¿Cuáles son los riesgos de la reforma a la justicia?
En medio del debate en el Congreso sobre la reforma a la justicia que se tramita se conocieron algunos puntos del proyecto que van en contravía al mejoramiento del sistema judicial en Colombia, pues fortalece la impunidad, especialmente en casos de violencia y corrupción.
Uno de los temas que más ha generado controversia es el artículo 199 del proyecto, que plantea la reducción hasta en un 50% de la condena a violadores y abusadores de niños y niñas, simplemente por confesar sus crímenes y por una previa negociación con la Fiscalía General de la Nación.
Plantear este tipo de acuerdos termina siendo una burla a la justicia y a las víctimas. Fortalecer y modificar el sistema judicial debe ser prioridad, pero la Fiscalía General de la Nación no puede pretender descongestionar el sistema a través de favorecer la criminalidad, hacerlo sería un irrespeto a las instituciones y a la división de poderes.
Por otro lado, la reforma a la justicia propone otorgar el principio de oportunidad a quienes llegaron a un cargo de elección popular con respaldo de grupos armados o narcotráfico. Aprobar este tipo de artículos ayuda a que los niveles de corrupción sean más altos y a fortalecer la criminalidad. Básicamente le da a la Fiscalía la posibilidad de suspender la persecución penal en contra de quienes han cometido delitos.
Desde Ante Todo Colombia estamos convencidos de que el país necesita de una reforma de la justicia en la que el sistema se vuelva operable, eficiente y transparente. Esto con el único objetivo de devolver la confianza de los colombianos en las instituciones.
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