Para nadie es un secreto que los sistemas
presidencialistas y democráticos de América Latina tienen 2 características principales:
A. Elecciones periódicas B. División en las ramas del poder. En caso de que
alguna de estas 2 características fuera incumplida, la estabilidad democrática en
cualquier país podría estar en peligro. En el caso de Venezuela, la democracia
se acabó cuando el ejecutivo cooptó las ramas del poder legislativo y judicial,
y las elecciones comenzaron a ser “amañadas.
Ahora bien, en Colombia hoy se confirmó un caso similar, pero a nivel local. Se trata del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Como es de común conocimiento, personas que trabajaron en dicha administración, siempre han manifestado su descontento por la “terquedad” de Petro. Al parecer, el ex mandatario con tal de lograr sus cometidos, pasaba por encima de cualquier autoridad. Esto, al final nos llevó a la famosa crisis de las basuras, que terminó con una sanción de la Procuraduría al entonces alcalde de la ciudad.
Hoy, 4 años después de su administración, siguen saliendo resoluciones con respecto a la manera de hacer las cosas de Gustavo Petro. Ayer un juez administrativo de primera instancia decretó que, Gustavo Petro se extralimitó en sus funciones cuando fue alcalde de Bogotá. El fallo del juez fue con respecto a unas modificaciones que hizo el ex alcalde, al Plan de Ordenamiento Territorial.
La historia comenzó en el 2013. Para esa época, Petro
propuso unos cambios al Plan de Ordenamiento Territorial, según él, para llevar
educación y salud a todas las localidades de la ciudad. No obstante, el Concejo
de Bogotá no aprobó dicha reforma. Esto ya que, según el Concejo, apoyado de
varios críticos, el proyecto desbordaba el alcance legal y conceptual. Es
decir, era un modelo ideal, pero a todas luces inviable.
Sin embargo, Petro hizo caso omiso al Concejo de Bogotá
y en agosto del mismo año, mediante un tuit, anunció que había expedido el Plan
de Ordenamiento Territorial con sus reformas, saltándose la orden del Concejo
de Bogotá. Tras el anuncio de Petro, un grupo de privados y el gobierno,
demandó dicha disposición.
Casi 6 años después, un juez administrativo de primera
instancia les dio la razón a los demandantes: Gustavo Petro se extralimitó en
sus funciones y utilizó falsas motivaciones, para aprobar las reformas al Plan
de Ordenamiento Territorial. Por tanto, se decretó la nulidad del proyecto.
En Ante Todo Colombia conocemos, y entendemos el valor
de las instituciones democráticas y la importancia de las mismas para una tener
una ciudadanía en donde sus derechos sean respetados. Por eso, condenamos
actuaciones como las de Gustavo Petro, que en últimas apuntan a concentrar el
poder en una sola persona, eliminando los mecanismos democráticos de
participación a los que como ciudadanos tenemos acceso. Además, rechazamos
completamente actos populistas como los de proponer proyectos que no se pueden
ejecutar ¡La institucionalidad y la ciudadanía se deben respetar!
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