Gustavo Petro anunció la convocatoria de una consulta popular para que los colombianos decidan en las urnas el futuro de las reformas laboral y de salud. La medida responde a la solicitud de varios senadores de la Comisión Séptima del Senado, quienes pidieron archivar la reforma laboral del Gobierno Nacional.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que permite a la población decidir sobre asuntos clave para el país. Para que sea válida, debe contar con la aprobación del Congreso de la República. En caso de ser avalada, el Gobierno tiene un plazo de ocho días para expedir un decreto que establezca la fecha de la votación, la cual debe realizarse tres meses después.
Gustavo Petro ha tomado un camino poco convencional para impulsar sus reformas, señalando un supuesto bloqueo institucional por parte del Congreso y advirtiendo una posible ruptura entre los poderes. Sin embargo, la realidad es que sus propuestas presentan vacíos y no responden de manera efectiva a las necesidades actuales del país.
Encuentra más artículos sobre Colombia aquí
Las consecuencias de la consulta popular de Petro
Convocar una consulta popular para definir el futuro de las reformas del Gobierno Nacional representa una clara violación a la división de poderes y a la institucionalidad. Aunque la norma faculta al presidente para impulsar este mecanismo de participación, la Ley 134 de 1994, en su artículo 52, establece que los proyectos de articulado no pueden ser objeto de consulta popular. En otras palabras, ninguna reforma puede ser adoptada mediante este proceso.
Además, resulta contradictorio que, en medio de una grave crisis fiscal y con una reducción de $12 billones en el presupuesto para 2025 afectando sectores clave como la salud, defensa, el deporte y la vivienda , el Gobierno proponga una consulta popular que generaría un gasto adicional. Su realización exigiría destinar más recursos a la Registraduría Nacional, con un costo estimado superior a 500.000 millones de pesos, una cifra difícil de justificar en el actual contexto económico.
Las razones de Gustavo Petro para convocar una consulta popular pueden interpretarse como una medida desesperada para salvar su proyecto de cambio, con el que llegó al poder. Sin embargo, esta iniciativa genera dudas, especialmente porque algunos miembros de su propio partido han solicitado que se incluya en la consulta la posibilidad de una reelección presidencial en 2026.
Una consulta popular en Colombia, en el contexto actual, podría intensificar la confrontación entre distintos sectores políticos y sociales, profundizando la polarización en el país. Además, existe el riesgo de que se convierta en una herramienta de presión o populismo, utilizada por el Gobierno para movilizar a sus seguidores en lugar de fomentar un verdadero debate democrático. En conclusión, aunque es un mecanismo legítimo de participación ciudadana, su uso inadecuado podría generar más problemas que soluciones.
WhatsApp