El día de ayer en Bogotá y Medellín, un grupo de desadaptados se reunió para protestar violentamente y dañar la infraestructura pública de las dos ciudades. Mientras millones de colombianos estamos encerrados en nuestra casa, sin poder ver a nuestros seres queridos, y sin poder trabajar, vándalos disfrazados de estudiantes salieron a las calles a poner en riesgo la salud de todo el mundo y a dañar lo que se les atravesara.
Lo irónico del asunto es que el domingo, un día antes de las marchas, Claudia López en Bogotá había dejado claro que estábamos en el momento más crítico por el Covid-19. Sin embargo, las protestas del siguiente día fueron avaladas por la misma. Es decir, mientras que a los bogotanos que deben salir a trabajar, los obliga a quedarse en casa, a los desadaptados les permite salir y en aglomeraciones de más de 100 personas.
Lo anterior demuestra la incoherencia con la que la Alcaldesa Claudia López ha manejado la pandemia en Bogotá, gobernando para unos pocos, y olvidándose que el principio fundamental de un gobernante es el bien común. De seguro, López no aceptará su culpa, y no sería raro que de esto también le echara la culpa al Gobierno Nacional.
Por el lado de las marchas, no queda la menor duda que no tenían causa alguna. Aunque muchos de los que asistieron manifestaron estar marchando por los animales, en últimas hirieron incluso a un caballo de la policía. Su objetivo no era más que desestabilizar el país y, como lo venían haciendo desde el año pasado, generar un estado de zozobra que de cabida a nefastos líderes populistas en las siguientes elecciones.
Muy lejos de dejar propuestas sobre la mesa, lo que le queda a las ciudades luego de las marchas, son daños por reparar con dinero que pudo ser destinado para la pandemia actual, y seguramente un aumento en los casos de Covid-19 en las ciudades.
La protesta siempre será un derecho constitucional, sin él no viviríamos en democracia. No obstante, la protesta violenta, que amenaza la salud pública de todo un país, que se desquita con la infraestructura pública y que pone en riesgo la vida de cientos de personas, es ilegal, y quienes la promuevan y participen de estos actos, deben ser judicializados.
Alcaldesa, es hora de gobernar para todos los bogotanos. Los ciudadanos no quieren volver a ver en sus calles protestas criminales que pongan en riesgo su vida, y menos en épocas del Covid-19.
¡Estamos mandos de protestas sin justificación alguna!
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