La Superintendencia de Salud efectuó la intervención forzosa de Sanitas, la segunda EPS más grande del país con cerca de 5,1 millones de usuarios, ya que no cumplían con los requisitos de liquidez financiera. Por ello, nombraron a un interventor para que tome el control de todos los bienes y negocios a nivel nacional.
La anterior decisión se dio a conocer luego de la crisis que atraviesa la reforma a la salud en el Senado, puesto que el articulado carece de concepto financiero, no atiende las necesidades del sector y no reconoce la autonomía del personal. El gobierno nacional por caprichos ideológicos genera una crisis en el sistema, sin importarle la vida, la integridad y el derecho fundamental de millones de colombianos.
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¿Nos debe preocupar la intervención de la EPS Sanitas?
La Superintendencia de Salud omitió el debido proceso para hacer intervenciones a entidades y utilizó indicadores de otra EPS para sustentar este hecho. Decisión que genera incertidumbre y preocupación a los millones de pacientes que hoy se encuentran afiliados a Sanitas.
Por otro lado, la Asociación Colombiana de Medicina Integral rechazó la decisión del gobierno nacional, para el gremio dicha intervención no genera mejoras en la calidad y en la prestación del servicio. Además, el gobierno pone por encima sus intereses sin tener en cuenta a los pacientes que requieren de tratamientos, medicamentos y de atención prioritaria.
Tras la intervención a Sanitas y a otras EPS, el gobierno manejará a más de 24 millones de usuarios de la salud, los cuales representan la mitad de los afiliados del sector. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro ha tenido una pésima ejecución presupuestal y los actos de corrupción han estado presentes en diferentes entidades. Por esto, preocupa que su administración en el sector salud no sea la adecuada, ya que la reforma presentada no atendía los problemas estructurales del sistema y no contaba con viabilidad financiera.
Desde Ante Todo Colombia consideramos necesaria una reforma que mejore la calidad de la salud y dé garantías al personal médico. No obstante, esto debe lograrse con un proyecto que evalúe las particularidades del territorio colombiano, cuente con la financiación necesaria y se construya a través del consenso con los ciudadanos y las entidades involucradas en el sector.
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