El
cambio en las exigencias de un Estado que estaba volcado a resolver el
conflicto interno y que ahora enfrenta, además, crecientes retos de carácter
transnacional e internacional, debe producirse a través de una transición. Es
un periodo híbrido, que combina elementos de los dos escenarios: un conflicto
interno cesante y un nuevo contexto, de
amenazas internas y externas, que demandarán nuevas capacidades de nuestra
Fuerza Pública.
En Ante
Todo Colombia somos conscientes de lo importante que es para los colombianos
nuestra seguridad. Por tanto, el presente documento condensa las principales
propuestas para que todos los ciudadanos puedan sentirse menos vulnerables y
vivir en un lugar sano, tranquilo, armonioso, donde los niños puedan caminar o
andar en bicicleta sin riesgos latentes.
En cuanto a la seguridad urbana, se deben realizar
inversiones necesarias en equipos, cámaras, centros de procesamiento y análisis
de datos; así como en software, aplicaciones y desarrollos que acerquen más a
la ciudadanía y a las instituciones que gestionan la seguridad. La tecnología
es una herramienta fundamental para el éxito de una gestión, que abarca desde
la recepción de información y denuncias, pasando por la distribución del pie de
fuerza y las capacidades, hasta la administración efectiva de la justicia.
Igualmente, proponemos diseñar una política de
familias, niñez, juventud y mujer, que reúna en una sola intervención
institucional las acciones necesarias en educación, salud pública, empleo y
justicia. También, se debe brindar mayor protección a estos grupos
poblacionales con unidades policiales especializadas.
Así mismo, consideramos necesario crear Fuerzas
de Tarea contra el Crimen. El profesionalismo de la Policía Nacional le permite
desarrollar planes de intervención localizados con el fin de desmantelar
estructuras criminales. Paralelo al esfuerzo de jurisdicciones territoriales de
la PONAL, se deben tener desplegadas Fuerzas de Tarea enfocadas en objetivos de
alto valor, con planes estructurados de investigación, ocupación del espacio,
judicialización y extinción de dominio contra estructuras del crimen. Esto debe
hacerse en coordinación con las autoridades locales.
En cuanto a la seguridad rural, se debe crear
un cuerpo de guardia rural. El personal de la Guardia Rural debe contar con las
capacidades para la prestación del servicio de seguridad rural, pero también
con capacidades técnicas para labores agropecuarias básicas, con el fin de
asistir a las comunidades del campo. Para la integración de este nuevo cuerpo
de seguridad, debe tener prelación la procedencia de zonas rurales del personal
que la conformará.
De la misma manera, los ingenieros militares
deben ejecutar una labor amplia y permanente en la construcción de
infraestructura crítica para el desarrollo económico y social de territorios
rurales, que por sus condiciones geográficas presentan dificultades en materia
de contratación con empresas privadas. Estos ingenieros militares deben
volverse un motor para generar progreso en las zonas rurales.
De igual forma, debemos aprovechar las
capacidades desarrolladas por la Fuerza Aérea en la construcción de pistas de
aterrizaje, para dirigir las actividades necesarias para la construcción de
pistas con estándares internacionales. Éstas, lograrán conectar comunidades con
capitales y otros centros de desarrollo nacional, para impulsar economías
locales y regionales.
En cuanto a la seguridad nacional, consideramos
que Las Fuerzas Militares deben ser equipadas para disuadir y responder de
manera contundente y oportuna a cualquier actor externo que pretenda violar la
soberanía de nuestro territorio nacional.
Igualmente, Se deben fortalecer las capacidades
de la Armada Nacional relacionadas con la investigación oceanográfica. Nuestros
mares y océanos constituyen uno de nuestros activos más importantes y por eso
debemos preservarlos, protegerlos y utilizarlos de la mejor manera.
Finalmente, proponemos crear unidades
especializadas para ofrecer seguridad en zonas de fronteras vulnerables. Estas
unidades deben controlar los fenómenos de migración ilegal, el tráfico de
drogas, armas, contrabando y demás crímenes que afectan negativamente a las
regiones fronterizas.
Los colombianos merecemos vivir sabiendo que el
Estado garantiza el control sobre todo el territorio nacional, la seguridad de
sus recursos naturales y la protección de los derechos de todos sus ciudadanos.
También es responsabilidad del Estado disuadir cualquier agresión externa y
repelerla de forma decisiva en caso de que llegue a producirse. Finalmente,
debemos tener la certeza de que las leyes se cumplen, que todo aquel que
delinque asume las consecuencias.
