La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue creada a partir del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las F.A.R.C. Su función principal es juzgar a las personas que hicieron parte del conflicto armado en Colombia.
No obstante, se dejó claro que en la JEP solo se juzgarían los delitos que tuvieran relación con el conflicto. Además, también se dejó claro que, cualquier delito cometido después de firmado el acuerdo, iba a pasar a manos de la justicia ordinaria.
Ahora bien, en las últimas semanas, la JEP se ha convertido en el martirio del acuerdo de paz, del gobierno y de los colombianos. Por un lado, los magistrados de dicha jurisdicción, exigen que las pruebas que se tienen contra Santrich, les sean entregadas. Por otro lado, Santrich acusó al fiscal, mediante una carta, de ser un mentiroso. Finalmente, los miembros de las F.A.R.C en el congreso, atacaron la propuesta que se tiene, de traer nuevos magistrados a la JEP.
Para empezar, recordemos que, Alias Jesús Santrich fue capturado en Bogotá. Su captura se dio, por una investigación de la DEA en la que descubrieron que Santrich traficaba con drogas, luego del acuerdo. A partir de esto, un tribunal de Nueva York, emitió una solicitud de extradición para Alias Jesús Santrich.
El tribunal de Nueva York afirma tener las pruebas necesarias. Además, cuentan cuenta con un informante cercano a Santrich (el primo de alias Iván Márquez). No obstante, la JEP ha exigido que esas pruebas les sean enviadas, para determinar si Santrich puede ser extraditado. Frente a esta exigencia, tanto el Procurador, como el Fiscal General de la Nación, se pronunciaron. Ambos dejaron claro que no estaban en la obligación de mandarle dichas pruebas a la JEP.
Y es que el Procurador y el Fiscal están en lo correcto. La JEP se creó para juzgar a las personas que hicieron parte del conflicto. Más no, para determinar la extradición de un delincuente que incurrió en delitos, luego de la firma. Además, por legitimidad judicial, un tribunal estadounidense no va a enviar las pruebas que tiene.
En este orden de ideas, lo correcto es que tanto la fiscalía, como el tribunal de Nueva York, determinen si Santrich delinquió luego del acuerdo. De ser así, debe ser extraditado y no pasar por la JEP.
Ahora bien, en los últimos días, Santrich, estando preso, hizo llegar una misiva al Fiscal General de la Nación. En dicha carta, Jesús Santrich acuso al fiscal de ser un mentiroso y estar quedando en ridículo. Afirma que las pruebas están siendo tergiversadas, y dice que todo es un complot en su contra.
La respuesta del Fiscal General de La Nación, fue la mejor que se pudo dar “Yo no hablo con personas que están en la cárcel”. ¿Cuántos colombianos no anhelamos poder hablar con el fiscal? Sería injusto que el fiscal le rindiera cuentas a una persona que hoy se encuentra detenido. Teniendo en cuenta que, es más importante dar respuesta a todos los colombianos que a diario luchamos por el país.
La opción que se le da a Santrich de poder comunicarse con el fiscal no debería tenerla. Este asesino, no contento con haberle hecho daño durante décadas a los colombianos, siguió delinquiendo después del acuerdo de paz. En últimas, parecen ser pataletas de ahogado de un criminal que ya tiene tiquete para los Estados Unidos.
Por otro lado, en los últimos días se reunieron congresistas de distintas bancadas. La reunión, buscaba soluciones frente a la parcialidad con que podrían ser juzgados los militares en la JEP. Después de 7 horas de reunión, se acordó incluir 14 nuevos magistrados en la JEP. Estos magistrados tienen la responsabilidad de llevar los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas.
En principio, se buscaba que existiera una sala especial dentro de la JEP, para los militares. No obstante, esta propuesta rápidamente fue tumbada, por falta de Quórum en el congreso. Por esta razón, El Centro Democrático, convocó a una reunión a los partidos políticos que se oponían a esta sala. De esta reunión, salió la propuesta que se describió en el párrafo anterior.
Sin embargo, la F.A.R.C se pronunció en esta semana en contra de dicha decisión. Según ellos, el reformar la JEP es una profunda herida al acuerdo de paz firmado en la Habana. Pero… ¿Sería justo que las condiciones para los miembros de las F.A.R.C y los miembros de las Fuerzas Armadas fueran iguales? ¿En algo cambia el juzgamiento de las F.A.R.C, si hay 14 nuevos magistrados que juzgarán a los Fuerzas Armadas?
Las dos anteriores preguntas, llevan entonces a pensar que las F.A.R.C actúan con sed de venganza. Por años, fueron las Fuerzas Armadas las que combatieron a este grupo ilegal. Por ende, no debería tomarse en consideración el argumento que la F.A.R.C tiene, para no permitir el ingreso de los nuevos magistrados. Además, dicha decisión en nada afecta a la implementación del acuerdo.
En síntesis, consideramos que el protagonismo del que gozan las F.A.R.C hoy, no debe causar efecto en las decisiones judiciales. Tal y como ellos dicen, el acuerdo es claro y si Santrich es culpable, la justicia ordinaria debe extraditarlo. Y si el congreso acepta los nuevos magistrados no solo es la decisión más acertada, sino que es totalmente legítima. Así entonces, la F.A.R.C no debería oponerse a algo que en nada los afecta.
Se les dio espacio en el congreso, van a ser juzgados por un tribunal especial de transición. No dejemos que ahora ellos tomen la decisión de quién es delincuente o no, o de quién debe juzgar a quién.