El año pasado la youtuber Kika Nieto fue criticada en redes por un video donde aseguraba “tolerar” a los homosexuales. En particular, el video blog del espectador “Las Igualadas”, un espacio dedicado a condenar actos de violencia de género, hizo un episodio criticando a Nieto.
A partir de allí todo fue de mal en peor. Nieto tomó acciones legales contra Las Igualadas, pues consideraba que la habían calumniado. Finalmente, entuteló y le negaron su petición ¿Y todo esto por qué es relevante?
Este jueves se desató una polémica por un proyecto de ley cuyo ponente es el senador Antonio Zabaraín. La propuesta busca regular las redes sociales para asegurar la protección de la honra y el buen nombre de las personas… o eso dice.
El texto del proyecto además agrega que “En los casos en donde la víctima de publicaciones difamatorias (…) se encuentre en estado de indefensión por la naturaleza anónima de la publicación (…) el proveedor de servicios y herramientas deberá proceder a interrumpir la publicación del contenido denunciado de manera inmediata”. Básicamente endilga la responsabilidad de mantener el buen nombre de las personas a plataformas como Instagram, Twitter o Facebook.
Aunque el proyecto pueda sonar loable, pues su supuesta intención es acabar con afirmaciones sin fundamento. Esta, es una propuesta profundamente peligrosa por tres razones.
Primero, callar una opinión en una red social es abrir una puerta a la censura. Censura que, además, no rezarse el daño hecho en caso de configurarse algún ilícito. Ya en la legislación y jurisprudencia colombiana existen mecanismos para proteger los derechos de quienes han sido víctimas de mentiras en redes sociales y sus posibles consecuencias en la vida cotidiana –acción de tutela, vías penales o responsabilidad civil extracontractual–. Sino, pregúntenles a Claudia López, Álvaro Uribe y Gustavo Petro.
Segundo, genera incentivos perversos contra la innovación digital. De acuerdo con el proyecto de ley, la responsabilidad de retirar ciertos contenidos recae sobre las redes sociales como tal. Y en caso de incumplimiento, pueden ser sancionadas. Asignar responsabilidades adicionales a las impuestas ya por la ley, crea barreras al funcionamiento de la red social, lo cual hace menos atractivo a Colombia en este sector. Hay redes sociales que se negarían a cumplir con esto y probablemente se irían del país.
Y, tercero, limita las redes sociales como una forma efectiva de hacer política. Poner a disposición de la autoridad lo que se puede decir en redes, puede terminar opacando voces de innovación política. Casos como el de la Primavera Árabe se dieron por medio de redes sociales. En Venezuela todas las noticias en contra de la dictadura se conocen por redes, ya que todos los medios tradicionales se encuentran censurados o alienados por el chavismo.
Es bastante diciente que los lugares donde se ha limitado o intentado limitar el contenido en redes sean precisamente aquellos países con problemas de libertad de expresión: Rusia, China, Venezuela, Cuba, Turquía, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita, Yemen y Siria, entre otros.
Casos como el de Kika Nieto y Las Igualadas deben seguir sucediendo. Kika Nieto debe mantener su derecho a instaurar una tutela por creer que la están calumniando. Igualmente, Las Igualadas tienen derecho a criticar las posturas que consideren nocivas. Un juez dirimirá ese conflicto. El problema no es con las redes sociales: son tan solo un canal.
La libertad de expresión puede ser incómoda para algunos, pues debemos respetar que haya personas que no piensen como nosotros. En Colombia la gente tiene derecho a pensar lo que se le dé la gana.
Nosotros tenemos derecho a contrariar esas ideas –y lo vamos a hacer–.
Director de Asuntos Políticos en DataFreaks. Analista político y columnista. Internacionalista de la Universidad del Rosario y estudiante de la maestría en Economía de Políticas Públicas de la misma Universidad.
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