Vacíos institucionales y retos políticos

En la era digital las prácticas intersectoriales se han adaptado a las nuevas tendencias tecnológicas, aplicadas a las diversas y cambiantes necesidades de una sociedad globalizada. De esta forma, los Estados se han venido reformando y tecnificando, para hacer más eficiente la provisión de bienes y servicios. Así mismo, los Estados han buscado la amplificación participativa y representativa de los ciudadanos, enmarcados en un modelo democrático digital.

Es necesario tener en cuenta que este desarrollo tecnológico es diferencial de acuerdo a las brechas en el sistema internacional, que delimita la capacidad de acceso a la tecnología, especialmente en los Estados en vía de desarrollo. Este atraso ha generado efectos negativos de manera secuencial; así como una desintegración social y política interna y externa al Estado.

Las nuevas tendencias de la tecnología y la comunicación en lo público, apuntan a la generación de nuevas herramientas digitales de interlocución entre ciudadanos – Estado. Estas tendencias se aplican en la sistematización, visibilización y articulación de iniciativas y proyectos de impacto social que permitan construir un conocimiento colectivo, a raíz de las experiencias diferenciales de los distintos agentes. Más adelante, esto se convierte en un insumo para la aplicación de este conocimiento en diversos escenarios políticos y ciudadanos en el nivel local, regional, nacional e internacional. Visto desde la gestión pública, a este proceso se le denomina “Gobierno Digital”.

Para el caso de Colombia, la política de “Gobierno Digital” se ha venido reformando periódicamente bajo un débil marco institucional. Ya que, tan solo hasta el año 2008 el Gobierno Nacional inicia la construcción de esta política con el Decreto 1151 de 2008. Mediante este decreto, se establecen los lineamientos del “Gobierno en Línea”. Esta herramienta, generaría una mayor cobertura en la oferta de servicios de información digital provista por las entidades públicas competentes.

Así entonces, esta herramienta unidireccional generó una interacción entre un usuario receptor de la información y el estado proveedor de la misma. Se debe tener en cuenta que, el objetivo inicial con el cual se fundó el Gobierno en Línea, fue la racionalización de los trámites con la Ley 962 de 2005, que reduciría en costos y tiempo el acceso abierto a los datos e información del Estado.

Más adelante con el Decreto 2693 de 2012, la política de Gobierno en Línea se constituye como una plataforma que brinda servicios de información, interacción, transacción y democracia digital. Sin embargo, la evolución no fue significativa, ya que, los servicios seguían siendo asistenciales por parte del gobierno como proveedor de información.

Con el Decreto 1078 de 2015 se logran consolidar 4 ejes estratégicos del Gobierno en Línea (TIC para servicios, TIC para el gobierno abierto, TIC para la gestión y TIC para la seguridad de la información). El objetivo de estos ejes estratégicos eran: fortalecer los mecanismos de gestión entre las entidades públicas; reflejar los instrumentos participativos en la regulación de las TIC; y  una nueva estrategia de “Gobierno Digital” en el que el enfoque de incidencia pasara de ser asistencialista e informativo, a reconstruir la relación con el usuario-ciudadano, generando una comunicación bidireccional..

Aun así, el actual marco normativo se restringe a la estrategia de Gobierno en Línea. Pues su interfaz representa un gobierno electrónico reproductor de procesos análogos, que reflejan la organización tradicional del sector público. No refleja un diseño digital que recoja y atienda de forma eficiente las necesidades de los usuarios bajo un enfoque impulsado por los mismos ciudadanos (user-driven approach), (OCDE, 2018).

Además, es posible identificar la falta de articulación y sinergia entre los procesos estratégicos del gobierno digital en el nivel nacional y el nivel local. Manteniendo así, las brechas territoriales aun no mediadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Justamente, la mediación de las TIC en los procesos participativos de los escenarios locales, permitiría una mayor afluencia del trabajo de acción colectiva para maximizar los efectos en el territorio. ¿Qué hará Colombia para cumplir con este principal reto si se carece de la intencionalidad y la voluntad política para lograrlo? ¿Seremos las bases ciudadanas quienes tengamos que abanderar el proceso? Estos son los interrogantes que en pleno 2018 rodean la inquietud de quienes creemos que es hora de dar el siguiente paso.