La Semana Santa, un tiempo que tradicionalmente invita a la reflexión, la paz y el encuentro familiar, se vio empañada este año por un nuevo episodio de violencia e inseguridad. En el municipio de La Plata, Huila, la explosión de una moto bomba cerca de una estación de Policía dejó un trágico saldo de dos personas muertas y al menos 23 heridas.
Por otro lado, en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, Cauca, otra explosión cobró la vida de una persona y dejó al menos cinco heridos. De forma similar, en el municipio de Jamundí, una fuerte detonación se registró en un CAI de la Policía, aunque, por fortuna, no se reportaron víctimas.
Los hechos de violencia ocurridos durante la Semana Santa han sido atribuidos a la retaguardia de las disidencias de las FARC, como respuesta a los operativos de la Fuerza Pública contra la estructura de alias “Iván Mordisco”. Los grupos ilegales no pueden seguir atemorizando a la ciudadanía, por ello, el Estado debe actuar con firmeza y sin ceder terreno a los criminales.
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Frente a estos ataques y amenazas a la seguridad, ¿cuál fue la respuesta del Gobierno Nacional?
Aunque se espera que el Gobierno Nacional tome todas las medidas necesarias para abordar los graves problemas de seguridad que han cobrado la vida de civiles, militares y policías, y dejado a varios heridos, la respuesta del presidente Gustavo Petro ha sido controvertida. Decidió no renovar el cese al fuego con la retaguardia de las FARC, específicamente con el frente de alias “Calarcá”, pero optó por suspender todas las acciones ofensivas contra ellos hasta el 18 de mayo. Según el Gobierno, esta medida tiene como objetivo facilitar el avance de las negociaciones de paz. Sin embargo, esta decisión deja al país en una situación de vulnerabilidad, donde los grupos armados ilegales continúan actuando con impunidad.
Lamentablemente, hoy en Colombia la permisividad se ha convertido en el eje de la política de “Paz Total”. El resultado de ello ha sido el incremento de ataques armados, extorsiones, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y el fortalecimiento del control territorial por parte de los grupos armados ilegales. Todo esto es consecuencia del debilitamiento de la autoridad y del abandono del Estado en muchas regiones del país.
Colombia no puede normalizar la violencia ni resignarse a vivir con miedo por la amenaza de los grupos armados. Los colombianos merecen seguridad, justicia y una paz real, no una paz ficticia sostenida a punta de ceses bilaterales mal negociados y de treguas unilaterales que sólo favorecen a los violentos.
Hoy más que nunca, Colombia necesita liderazgo, firmeza y claridad. Recuperar el rumbo implica volver a poner al ciudadano de bien en el centro de la política de seguridad. Es respaldar a la Fuerza Pública, dotarla de las capacidades necesarias, velar por su bienestar y no dejarla a la deriva. También significa no ceder ante quienes han hecho del crimen su forma de vida.
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