El panorama para la salud en 2025 es preocupante, el presupuesto del sector presenta un déficit de $9,2 billones. A esto se le suma que el aumento aprobado para la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud, fue del 5,36%, cifra que está por debajo al 16% esperado.
Además, un informe presentado por Así Vamos en Salud, se conoció que al cierre del tercer trimestre del 2024 las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumularon pérdidas operativas de $3.1 billones, siendo el régimen contributivo el principal responsable con un déficit del 64%. Situación que ha afectado la cobertura y la oportunidad de los usuarios de recibir un servicio de calidad.
Este déficit presupuestal que hoy viven las EPS pone en jaque la sostenibilidad del sistema. Pues esta semana la Superintendencia de Salud canceló la autorización de funcionamiento de la EPS Compensar en 10 departamentos, solo puede seguir operando en Bogotá y Cundinamarca, donde registran el 90% de los afiliados. Es decir, que el 10% que equivale a alrededor de 2 millones de usuarios tendrán que ser reubicados a otra entidad.
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¿Nos vamos a quedar sin cobertura en salud?
Hoy en el país los pacientes con tratamientos de alto costo podrían quedarse sin medicamentos, debido a que solo se asignaron $502 mil millones, frente a los $2,4 billones del 2024 para cubrir los servicios de esta población.
Asimismo, la situación en el departamento del Valle del Cauca es alarmante, pues debido a las altas deudas de las EPS y el desinterés del Gobierno Nacional, los proveedores de servicios médicos comenzaron a retirarse, lo que ha llevado a cerrar varias clínicas y hospitales por la falta de recursos para la atención de los colombianos.
Los colombianos necesitamos una reforma a la salud en la que el financiamiento, gestión, cobertura y calidad sean la prioridad. Asimismo, se requiere de:
- Garantizar que los medicamentos esenciales sean accesibles económicamente para la población.
- Garantizar mayores recursos mediante un uso eficiente de los impuestos y control de la evasión fiscal.
- Realizar controles estrictos sobre el manejo de recursos financieros en las EPS e IPS.