En el congreso avanza un proyecto de ley que busca
eliminar la conexidad del delito sexual con el político. Es de recalcar la
importancia de este punto, ya que en caso de que el proyecto no avance, los crímenes
sexuales cometidos por los integrantes de las FARC serían juzgados por la
justicia transicional y no por la justicia ordinaria.
Por ahora, el proyecto ya fue avalado por la comisión primera
del Senado. Se espera entonces que el trámite tenga un final justo y quienes
cometieron algún delito sexual, vulnerando los derechos de nuestros niños,
niñas y adolescentes, tengan una pena ejemplar. Los intereses políticos no
pueden ir ligados, en ningún caso, a un acto de violación. Los derechos de los
niños y niñas deben ser la prioridad.
Cabe recordar que, hace un par de semanas la
Corporación Rosa Blanca (que acoge a mujeres que fueron violentadas sexualmente
por las FARC) denunció a 25 jefes guerrilleros, por violación. Entre los
denunciados se encuentran los hoy congresistas: Victoria Sandino, Pablo
Catatumbo, Carlos Antonio Losada y el desaparecido Iván Márquez.
Por tanto, de no aprobar el proyecto de ley, estas personas,
que son sindicadas de haber violado a nuestros niños, niñas y adolescentes,
estarían pagando por mucho 8 años de privación de la libertad. Solo 8 años, después
de haber cometido tan aberrante delito. ¿Es una condena justa?
Desde Ante Todo Colombia, apoyamos tajantemente el proyecto de ley que elimina la conexidad del delito sexual con el político. No puede pensarse que el violar a un niño o niña, tenga relación alguna con un conflicto armado. Y menos puede pensarse que, por ser personas del campo, tienen derecho a vulnerar a nuestros niños y niñas, como lo sugirió el máximo líder de las FARC. Finalmente, reiteramos nuestra posición frente a la pena que los violadores de niños, niñas y adolescentes deberían recibir: cadena perpetua.
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